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Canal de denuncias en redes de franquicias: ¿franquiciador o cada franquiciado?

Actualizado a julio 2026 · 7 minutos de lectura

Publicado el 7 de julio de 2026 por el equipo de EticAlert

Las redes de franquicia plantean una pregunta estructural parecida a la de los grupos empresariales, pero con una diferencia jurídica clave: franquiciador y franquiciado no forman un grupo de sociedades. Son empresas independientes vinculadas por un contrato mercantil de franquicia, lo que cambia por completo cómo se aplica la obligación de canal de denuncias.

Franquiciador y franquiciado: entidades jurídicas independientes

A efectos de la Ley 2/2023, cada franquiciado es una empresa autónoma que debe evaluar su propia obligación según su propia plantilla, exactamente igual que cualquier otra pyme. El hecho de operar bajo una marca franquiciada no traslada ni comparte la obligación del franquiciador ni la de otros franquiciados de la red:

• Franquiciado con menos de 50 empleados y sin actividad regulada específica: no obligado, salvo que el franquiciador le imponga contractualmente estándares superiores a los legales.
• Franquiciado con 50 o más empleados (frecuente en franquicias de restauración con varios locales bajo la misma sociedad, o en franquicias de gran superficie): obligado directamente como cualquier otra empresa de ese tamaño.
• Franquiciador (central de la marca): obligado respecto a su propia plantilla corporativa (oficinas centrales, equipo de expansión, marketing, formación), si esta supera los 50 empleados. No obligado respecto a la plantilla de sus franquiciados.

Cuándo sí se agrupa: master franquicias y franquicias con plantilla propia numerosa

La situación cambia cuando la estructura de franquicia incluye una master franquicia que opera varios locales directamente bajo una misma sociedad jurídica (en lugar de sub-franquiciar cada local a un tercero independiente). En ese caso, todos los locales operados por esa sociedad suman su plantilla a efectos del umbral de 50 empleados, exactamente igual que cualquier empresa con varios centros de trabajo.

Esto explica por qué en una misma marca de franquicia pueden convivir situaciones muy distintas: un local individual gestionado por un franquiciado autónomo con 8 empleados (no obligado) y una master franquicia de la misma marca que opera 12 locales con 180 empleados en total (obligada, y con un canal que cubre todos sus centros).

Por qué muchos franquiciadores lo ofrecen igualmente como servicio de marca

Aunque la ley no exige al franquiciador imponer el canal a sus franquiciados no obligados, es cada vez más habitual que las marcas de franquicia incluyan el acceso a una herramienta de canal de denuncias dentro del paquete de servicios que ofrecen a la red, por varias razones:

• Consistencia de marca: un incidente grave en un solo local (acoso, fraude, condiciones laborales) puede dañar la reputación de toda la red, no solo del franquiciado implicado.
• Anticipación al crecimiento: franquiciados pequeños hoy pueden superar el umbral de 50 empleados en poco tiempo si abren nuevos locales; tener el canal ya activado evita quedarse fuera de plazo.
• Diferenciación competitiva de la marca: ofrecer herramientas de compliance ya configuradas es un argumento de venta frente a candidatos a franquiciado que valoran el soporte recibido de la central.

En estos casos, lo habitual es que cada franquiciado tenga su propio canal independiente —con su propio RSII y su propia base de datos— aunque la relación comercial con el proveedor de la herramienta esté centralizada a través del franquiciador, similar a como funciona un canal en una red de oficinas de un mismo sector (ver el caso de las redes de administración de fincas).

¿Puede el contrato de franquicia exigir el canal aunque la ley no lo haga?

Sí. Nada impide que el contrato de franquicia incluya, como obligación contractual entre franquiciador y franquiciado, la exigencia de disponer de un canal de denuncias con independencia de que la Ley 2/2023 lo imponga legalmente al franquiciado concreto. De hecho, es una cláusula cada vez más habitual en los manuales operativos de franquicias medianas y grandes, especialmente en sectores con alta exposición reputacional (restauración, retail de consumo, servicios a domicilio), donde el franquiciador quiere garantizar un estándar mínimo de gobernanza en toda la red, más allá del mínimo legal exigible a cada franquiciado individualmente.